El proyecto de Sala Cuna Universal avanza en el Congreso y, si se convierte en ley, va a cambiar de forma profunda el derecho a sala cuna en Chile: dejará de depender del número de trabajadoras de una empresa y pasará a ser un derecho de todas las personas trabajadoras, independiente de su género. Para quienes administran establecimientos de educación inicial, seguir de cerca este proyecto es clave, porque de su aprobación depende buena parte de la demanda futura de matrícula en sala cuna.
¿Qué es el proyecto de Sala Cuna Universal?
Se trata del Boletín N° 14.782-13, ingresado al Congreso en enero de 2022, que moderniza el artículo 203 del Código del Trabajo. Hoy la ley solo obliga a entregar sala cuna a empresas con 20 o más trabajadoras mujeres. El proyecto elimina ese umbral y consagra el acceso a sala cuna como un derecho universal, extensivo a:
- Trabajadores y trabajadoras de cualquier empresa, sin importar su tamaño.
- Padres, no solo madres.
- Personas que tengan el cuidado de un menor de dos años por resolución judicial.
- Trabajadores independientes que cotizan.
¿En qué etapa está hoy?
El proyecto fue aprobado por el Senado el 8 de septiembre de 2026 y pasó a segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, donde esta misma semana tuvo una votación clave en la Comisión de Trabajo. Lleva más de cuatro años de tramitación, así que el paso por la Cámara será determinante para saber cuándo y en qué condiciones empieza a regir.
Cómo se financiará
El proyecto reemplaza el sistema actual —donde cada empresa paga directamente la sala cuna de sus trabajadoras— por un fondo solidario, administrado por el IPS y la Tesorería General de la República, financiado con una cotización del 0,35% de cargo del empleador. Esa cotización se descontaría del seguro de cesantía, por lo que en la práctica no debiera significar un costo laboral adicional para las empresas. El Estado, además, aportaría un fondo fiscal cercano a los $10.000 millones durante los dos primeros años de vigencia de la ley.
Qué opinan los actores
El proyecto concita posturas distintas. El mundo empresarial, representado por la CPC, respalda avanzar con la iniciativa y valora que elimine el actual umbral de tamaño de empresa. El mundo sindical, representado por la CUT, plantea observaciones sobre el eventual copago y la participación de actores privados en la provisión del beneficio. La discusión sigue abierta en la Cámara de Diputados.
Nuestra lectura
Más allá de en qué términos quede finalmente el texto legal, este proyecto confirma una tendencia que ya veníamos observando en terreno: la importancia de que los establecimientos de educación inicial estén preparados —en infraestructura, equipos y procesos de admisión— para adaptarse a los cambios normativos que van surgiendo. Por eso, en Grupo Alta Vista acompañamos a los sostenedores a anticiparse a este tipo de cambios, en vez de reaccionar cuando la ley ya está publicada.
Vamos a seguir esta tramitación de cerca y a mantener este espacio actualizado a medida que el proyecto avance.
Fuentes: Senado de Chile, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Buk.